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El bloque priista reyesherolista que empujó a la ministra presidenta Norma Piña Hernández a confrontar el proceso constitucional de la reforma jurídica de López Obrador fracasó en su estrategia y la aprobación constitucional del proceso puso a la más alta funcionaria de la Corte a su inevitable caída burocrática. Con el voto de seis ministros se prepara su defenestración, pero Piña extendió el paro judicial hasta el 2 de octubre para evitar que su renuncia se dé durante la gestión de López Obrador.
Con relaciones políticas que vienen desde que ingresó a la Suprema Corte en 2015 como ministra, Norma Piña Hernández ha creado a su alrededor un bloque de relaciones de poder en la que aparecen los apellidos ilustres de Reyes Heroles y desde ahí estableció conexiones formales de asesorías nada menos que de Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE por alianza Peña Nieto-PAN en 2014 y jefe de un grupo opositor también articulado al PRIAN y a la candidata derrotada Xóchitl Gálvez Ruiz.
El punto de contacto con el mundo político sistémico de la ministra Piña Hernández se estableció a través de Natalia Reyes Heroles Scharrer, nieta de Jesús Reyes Heroles, presidente del PRI con Echeverría, secretario de Gobernación con López Portillo y secretario de Educación con Miguel de la Madrid.
Hija de Jesús Reyes Heroles González Garza, hijo del político ya fallecido y miembro de gabinetes del PRI y del PAN, Natalia Reyes Heroles Scharrer ha hecho una carrera dentro del sector judicial: de secretaria de estudio y cuenta en la ponencia de la ministra Piña Hernández en 2019 y su cargo formal hoy es nada menos que secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, con funciones reales de vicepresidenta.V
Entre las tareas políticas de Reyes Heroles Scharrer ha estado la de establecer vínculos académicos con los grandes centros educativos formales que forman parte del bloque educativo del PRI y del viejo régimen: la UNAM y el Colegio de México, los dos encargados de configurar el pensamiento jurídico-constitucional del PRI.
Reyes Heroles Scharrer ha llevado también a su tío Federico Reyes Heroles, escritor y ensayista sin ningún cargo público, a la oficina de la ministra presidenta, pero Federico se ha movido en el bloque opositor PRIAN-Xóchitl-Claudio X. González. Y la familia Reyes Heroles fue la promotora de las actividades clandestinas de la ministra presidenta Piña Hernández en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para apoyar resoluciones a favor del PRI de Alejandro Moreno Cárdenas Alito, incluyendo algunas cenas que ya fueron reveladas en medios de comunicación.
La ministra presidenta Piña Hernández ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decisiones de confrontación directa con el Poder Ejecutivo federal y ahora contra decisiones que son facultades constitucionales exclusivas del Poder Legislativo para elaborar leyes. La ministra presidenta fue la promotora del paro de labores de hace un mes de trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de las estructuras de jueces y magistrados.
Asimismo, la ministra Piña Hernández ha tomado dos decisiones jurídicas oficiales para meterse en el proceso de elaboración de leyes que es facultad constitucional exclusiva del poder legislativo y lo hizo con el propósito de bloquear primero la aprobación de la reforma judicial en ambas cámaras y después para dejar en el ambiente una argumentación que la oposición no pudo tomar para interrumpir la aprobación de la reforma.
Una vez que se aprobó la reforma según el proceso constitucional en el Senado, pasó al Ejecutivo y se promulgó en el Diario Oficial, la ministra presidenta decretó la rebeldía institucional de la Corte –ella y sus ministros aliados– para no reconocer una ley aprobada en el Legislativo y convocó al pleno de ministros del Tribunal Constitucional si debiese o no obedecerse.
A principios de la semana pasada y una vez que se promulgó la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo de la Judicatura –que preside la ministra presidenta– votó por mayoría levantar el paro de labores, pero se consignó en el boletín oficial que la ministra presidenta había votado en contra de esa decisión. El viernes de la semana pasada de nueva cuenta se reunió el Consejo de la Judicatura y determinó mantener el paro de labores hasta el miércoles 2 de octubre, cuando la ley comenzó a funcionar de manera constitucional al día siguiente de su promulgación el Diario Oficial, es decir desde el 16 de septiembre. Por tanto, el voto por mantener el paro –que obviamente fue apoyado por la ministra presidenta– constituyó un desacato de la ministra presidenta de la Corte a un proceso constitucional.
En los hechos, la ministra presidenta Piña Hernández ya tuvo que aceptar su derrota, en círculos internos se examina ya la posibilidad de deponerla con 6 votos del pleno de ministros, pero por esa razón fue que la ministra presidenta obligó al Consejo de la Judicatura a extender un paro ilegal hasta el miércoles 2 de octubre. La razón de Piña Hernández es obvia: derrotada, no renunciaría durante la presidencia de López Obrador y esperará el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo.
Pero lo único cierto es que la ministra presidenta Piña Hernández tiene los días contados en la Suprema Corte.
